
El gobierno socialista aprobó en 2005 el Plan de Impulso de la Televisión Digital y de Fomento de la Pluralidad. Fijó como fecha tope el año 2006 para que los espectadores tuvieran acceso a 21 canales gratuitos de cobertura estatal y el 2010 como el del fin de las emisiones en analógico, el llamado apagón analógico.
Se plantearon diversas medidas complementarias: plan de renovación de antenas colectivas, fomento del equipamiento doméstico de receptores de TDT, condiciones mínimas de la oferta, el desarrollo de servicios interactivos, etc…
El reparto realizado por la Administración Central dejó a RTVE con un múltiplex (integrado por cuatro canales) de cobertura estatal con posibilidad de desconexiones autonómicas (es decir, la capacidad de emitir contenidos diferentes en regiones distintas), y un canal-programa de cobertura estatal, sin capacidad de desconexión territorial.
Las televisiones privadas obtuvieron un múltiplex estatal sin posibilidad de desconexión territorial. En el ámbito regional, se previó que cada comunidad autónoma dispondría de un múltiplex. Una parte está ocupada por las televisiones públicas autonómicas y otra por empresas privadas. La regulación de la TDT de pago quedó establecida en 2009. Se limitó la explotación de los servicios de pago a un solo canal por operador, siempre que tuvieran más de uno en concesión.
El resultado de esta normativa fue primar la cantidad sobre la calidad, limitando la capacidad técnica de ofrecer servicios interactivos, ya que el elevado número de canales existente ocupa gran parte del ancho de banda disponible para este tipo de contenidos a través de la TDT.
La realidad del mercado y la evolución de la economía han dado la razón a los especialistas que advirtieron de que la inversión publicitaria no iba a ser capaz de financiar tal cantidad de canales. La consecuencia es que, poco a poco, se han ido cerrando o alquilando los canales propiedad de grupos empresariales que accedieron a la TDT en torno al año 2000 y posteriores.
En estos momentos sólo se mantienen los operadores públicos estatales y regionales, y los de los privados históricos: Antena3, Telecinco, Cuatro y La Sexta, que explotan cada uno cuatro canales. Estas empresas tienen capacidad financiera para desarrollar ofertas dirigidas a públicos distintos y aprovechan las sinergias de su producción.
La experiencia española revela que las emisoras creadas para emitir sólo en TDT han fracasado en términos globales. Las razones son de diversa índole: falta de conocimiento del mercado audiovisual, escasa capacidad financiera para producir y adquirir programas, reducidos porcentajes de audiencia o programación poco atractiva o de escasa calidad. Junto a todo ello, la profunda crisis económica que atraviesa España ha actuado como lastre añadido, ya que la inversión publicitaria no ha parado de disminuir en el sector televisivo en los último tres años.
Los países que aún están en la fase inicial de la implantación de la TDT deberían optar por un número de canales reducido, utilizando como motores de su implantación a las emisoras que han actuado históricamente en cada mercado televisivo nacional. Esta limitación permitiría el desarrollo de servicios interactivos y facilitaría a las empresas el objetivo de una programación de calidad sobre la base de una cuota de pantalla significativa.
La TDT no es buena sólo porque multiplique la oferta. Se puede tener mucha oferta de lo mismo y de deficiente calidad, como hemos comprobado en España. El valor real está en los servicios que lleva aparejados, fundamentalmente la interactividad, y que pueden ser instrumento para acercar la Sociedad de la Información a los ciudadanos.
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